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Una investigación realizada en los tribunales de Santa Fe denuncia que en la provincia aun hoy se siguen haciendo audiencias de conciliación para resolver casos de violencia de género y que el funcionariado de la justicia en la mayoría de los casos no ha recibido capacitación en este tipo de violencia.

Se trata del ’Observatorio de la violencia de género. Investigación sobre el tratamiento de la violencia familiar en el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe’, realizado por el Centro de Estudios Sociales y Culturales para la comunidad (CECS), entre 2008 y 2010, con el apoyo de Onu Mujeres. Fue presentado el jueves pasado en Rosario, con la presencia de Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo y Antonio Ramos, ex juez en lo Penal.

 

Beatriz Fullone, del CECS, explicó que la investigación partió de dos hipótesis que lamentablemente fueron confirmadas: ’el desconocimiento de los derechos por parte de las mujeres y que los y las operadoras de justicia no están preparados para atender estos casos de violencia’.

Carlotto, presidenta de la institución, hizo un paralelismo en la lucha por la recuperación de los hijos y nietos de desaparecidos con la lucha contra la violencia hacia las mujeres: ’la violencia contra la mujer, como la dictadura, nos toca a todos’.

Ramos, por su parte, planteó la necesidad de que el trabajo se difunda. ’Los números superan las palabras. Es una oportunidad de decir con realidades concretas. Es un trabajo maravillosamente teórico práctico’.

La investigación se basó en 451 encuestas hechas a mujeres que asistieron por una situación de violencia familiar a los Tribunales Colegiados de Familia de la I y II Circunscripción de la provincia de Santa Fe y otra hecha al funcionariado y los magistrados/as del Poder Judicial de la misma provincia.

Se preguntó sobre la aplicación de la ley provincial 11529 de Violencia Familiar promulgada en 1997, a partir de la noción de que el acceso a la justicia no se está produciendo de manera efectiva.

 

Algunos resultados de la investigación

La violencia afecta a las mujeres desde los 15 años, aunque tiene mayor incidencia entre los 18 y los 59.

La problemática de la violencia no es resultado de la falta de educación, infiere la investigación. Ya que el mayor porcentaje de las denuncias (35,2% en la 1° circunscripción y 34,3 en la segunda) completó su escolaridad primaria. Y gran parte tiene secundario incompleto, completo, educación terciaria o universitaria.

La mayor cantidad de mujeres que hacen la denuncia son amas de casa (40 y 31,4 respectivamente). En este sentido, la investigación pone el foco en que si bien la mayoría de las mujeres no se reconoce como trabajadora, en otra pregunta responden que aportan dinero al hogar en un 69,2 y 65% de los casos respectivamente.

En la misma línea, explican, ’la subordinación de la mujer a los mandatos de asimetría de poder al interior de la pareja hace naturalizar el hecho de que los bienes adquiridos durante la convivencia son propiedad del hombre’.

La mayoría de las mujeres (53,8 y 55,6) no se reconoce como propietaria de la vivienda. Esto no es menor dado que ’tener vivienda o dinero para alquilar es uno de los temas centrales a la hora de poder cortar con el ‘circulo de la violencia’’. ’Si a esto le sumamos al falta de recursos materiales que posibiliten acceder a educación, vivienda, digna, trabajo bien remunerado, estamos hablando del cruce de categorías de genero y pobreza que muestra el perfil mayoritario de las mujeres encuestadas que concurren a tribunales a hacer denuncias por violencia’, sigue el informe.

La mayoría de las denunciantes es la ex esposa o ex pareja del agresor (34,5 en la circunscripción 1) mientras que es la concubina (49,7%, en la 2).

Las mujeres denunciaron que el tiempo promedio de relación con el agresor va de entre 13,4 a 10, 3 años, ’demostrando la complejidad de la problemática de la violencia domestica en relación a lo difícil que resulta en la mayoría de los casos tomar la decisión de acudir a los tribunales’.

En cuanto a los tipos de violencia denunciados, en casi un 100 % de los casos la violencia psicológica está presente. En una respuesta que podía ser múltiple, el 92,4 por ciento y el 97,4 respectivamente, denunciaron haber recibido insultos, humillaciones, degradaciones, amenazas.

 

La gran mayoría de los trámites que realizan las mujeres son medidas de protección: prohibición de acercamiento, exclusión del hogar y pedido de cuota de alimentos para sus hijos e hijas.

Otro resultado importante indica que la mayoría de las mujeres fue al menos una vez a la comisaría a denunciar violencia familiar. Entre ellas, un 31,5 y 27,4 respectivamente, dice que nunca o a veces le tomaron la denuncia ’cercenando el derecho de acceso a la justicia con el agravante de aumentar el riesgo de vida que corren o podrían correr muchas mujeres’.

La mayoría señala que un mismo trámite le llevó un promedio de 3 a 4 asistencias a los tribunales, ’llegando al extremo de contabilizar hasta 11 o más veces de concurrencia. Este último caso es un ejemplo de re victimización’.

Un hecho gravísimo que aparece en las respuestas de las mujeres es que el 47,6 y el 52,9 % fue citada con el agresor para tener una audiencia conjunta, lo que ’da cuenta del desconocimiento por parte de quien dicta la medida, que toda situación de violencia parte de relaciones asimétricas al interior de la pareja, por lo cual una citación a un audiencia junto con el agresor profundiza la desigualdad en el ejercicio de los derechos por parte de la mujer’.

’La mayoría de las encuestadas indica que enfrentarse al agresor le causa malestar e incomodidad. Asimismo manifiestan sentimientos de miedo, indignación e impotencia ante decisiones que ellas no pueden modificar y que implica una vez más sentirse incomprendidas por aquellos a los que recurrió en busca de auxilio’.

Como síntesis, el 29 y 43,8 % de las mujeres afirma que no consiguieron lo que originó su asistencia a tribunales.

En cuanto a las preguntas hechas al funcionariado de tribunales y magistrados/as, el informe señala que sólo un 11,1 % y un 26,9% recibió capacitación en violencia de género (sí gran parte han recibido capacitaciones en violencia familiar).

Esto, sumado a la falta de recursos y personal, puede ayudar a entender gran parte de los problemas que siguen encontrando las santafecinas para acceder a la justicia, aun en casos en que está en riesgo su vida y la de sus hijos e hijas.

 

Fuente: Artemisa/AmecoPress - SONIA SANTORO - 29/08/11 -

Por Los Derechos de las Mujeres - Publicado en: Género - Comunidad: LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
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