Colombia: Mujer violada a 30 metros de un puesto militar.

Publicado en por Los Derechos de las Mujeres

“(…)en el trayecto se encontraban dos grupos de militares uno a 30 metros y el segundo a 50 metros del mismo, frente a los cuales de forma inexplicable pasó el agresor, la víctima fue tirada en un barranco a sólo 30 metros de donde se apostaba el último grupo de militares” Denuncia CPDH.

“(…) Varios de los condenados tienen allí sus negocios, como el teniente coronel Pulido, condenado como responsable de la masacre de La Cabuya, donde el 20 de noviembre de 1998 fueron asesinados cinco campesinos, entre ellos una mujer con siete meses de embarazo. El restaurante del exoficial se llama ‘Héroes’.(…)” Semana
“Hace como un año, mi (cabo) primero Blandón Vargas Humberto se pudo ir tranquilo la Semana Santa con toda la familia para el hotel Kosta Azul en San Andrés. De allá trajo unas camisetas de regalo muy bacanas", cuenta un soldado. Blandón fue condenado por el secuestro, tortura y homicidio de un grupo de campesinos en Antioquia (…)
                           
 
Los abusos, tratos degradantes, violaciones sexuales y el feminicidio contra las mujeres y niñas colombianas crecen dramáticamente: el empobrecimiento, la exclusión social y la degradación ética inyectada por los mass-media para legitimar los valores mafiosos de un sistema llevado al paroxismo de las desigualdades sociales, de la violencia represiva y del control social, son el terreno fértil para las agresiones contra las mujeres. Las mujeres son el chivo expiatorio de una sociedad machista cuyas frustraciones son elevadas a la máxima potencia por una violencia estructural en permanente crecimiento. Decrece el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a las oportunidades laborales; a la par que crece la violencia estructural generada por los mecanismos de despojo y monopolización de capital. Aunado a lo anterior, hay un factor determinante que caracteriza a Colombia: la violación sexual y el feminicidio contra las mujeres y niñas colombianas se generalizan al amparo de la sistemática impunidad para los crímenes de estado. Esta constatación hace que el tema de la impunidad sea un tema medular en la lucha por el respeto de las mujeres, así como es un tema medular en el camino hacia la paz y la justicia social en Colombia.
La impunidad para militares, paramilitares y latifundistas acrecienta el sistematismo de las violaciones sexuales en Colombia. Los crímenes e impunidad que rodean la violación y asesinato de los niños de Arauca a manos del ejército(1); los escándalos de los ‘clubes de relajación’ en los que los escasísimos militares condenados purgan sus “penas”; el descaro con que los violadores estadounidenses burlan la justicia(2); la cantidad aberrante de niñas campesinas despojadas que viven en esclavitud a la merced de gamonales latifundistas, evidencian la relación macabra entre el aumento dramático de las violaciones sexuales y los privilegios de inmunidad e impunidad aplicados a los criminales. Colombia y México son dos países en los que el feminicidio alcanza cimas del horror: su denominador común, aparte del empobrecimiento que sufren ambos países, es la impunidad para los crímenes de estado y la degradación social que conlleva. En ambos países se desarrolla una intensa actividad represiva y de control social ejercida por el estado contra la población civil, mientras que los grupos de paramilitares y narcotraficantes, funcionales al estado, imponen sus valores. México sufre un incremento de la “asesoría militar estadounidense”, con el incremento de las violaciones de derechos humanos que esta conlleva: como se ha podido palpar en Colombia desde que la asesoría estadounidense entrena a militares en “contrainsurgencia”. La mayor fosa común del continente americano se descubrió en la Macarena, Colombia: 2000 cadáveres de desaparecidos por el ejército fueron hallados detrás del batallón de la Fuerza Omega del Plan Colombia, que recibe estrecha asesoría estadounidense (3).
                                           Violada a 30 metros de un puesto militar
 
Iniciando abril, el CPDH denuncia otro caso de violación a manos del ejército, en un marco de absoluta impunidad: una mujer violada y acuchillada por un militar a 30 metros de un puesto militar, el 3 de abril 2011. La mujer se encuentra entre la vida y la muerte, el soldado ha sido identificado, retenido y puesto en libertad, el grupo de militares ‘ciegos’ ha sido trasladado (4). El CPDH denuncia: “fue atacada con arma blanca, produciéndole varias heridas en partes vitales de su cuerpo, constitutivos de tratos crueles, inhumanos y degradantes y sometida a violencia sexual; en el trayecto se encontraban dos grupos de militares uno a 30 metros y el segundo a 50 metros del mismo, frente a los cuales de forma inexplicable pasó el agresor, la víctima fue tirada en un barranco a sólo 30 metros de donde se apostaba el último grupo de militares (…) Se logró reconocer al presunto agresor, identificado como soldado profesional adscrito al Ejercito Nacional (J. JESUS ADVINCULA DELGADO)(…) aunque debido al precario manejo en cuanto el acopio de elementos probatorios y actos urgentes fue dejado en libertad y puesto a disposición de las autoridades militares, el temor actual es que técnicamente se encuentra en libertad, sin ningún tipo de limitación legal, además el grupo de militares que estuvieron en la Victoria el pasado 3 de abril fueron trasladados de la zona.”(Ibíd. ). Es una de las miles de denuncias de mujeres y niñas violadas a manos de la fuerza pública en Colombia: la casi totalidad de estas denuncias son abortadas por el mismo sistema y la negligencia aplicada al trato de los elementos probatorios, cuando no es por la amenaza o asesinato contra los denunciantes. Por otro lado las denuncias constituyen la punta del iceberg: las denuncias por violación contra la fuerza pública son un acto de extrema valentía en Colombia, porque pueden conllevar la muerte para los denunciantes, lo cual permite deducir que tras las denuncias se encuentra el grueso de los casos que no son denunciados. Por otro lado, de los casos denunciados la impunidad es del 99%, y en el caso de condenas, son absolutamente pírricas, y los violadores terminan no en una cárcel, sino “cumpliendo su pena” en una base militar con canchas deportivas, restaurantes, piscinas y todas las comodidades (5). El carácter sistemático de estos crímenes y el sistematismo en la impunidad para militares, evidencia que las violaciones sexuales a manos del ejército son algo que va más allá de la vaga e irresponsable definición de "daños colaterales de un conflicto”: son actos del terrorismo de Estado.
Los militares “presos” en Colombia salen cuando quieren de la cárcel y van a pasar semanas en el Caribe, pagadas por el erario público (6). Semana describe el “Tolemaida Resort”: “Hay presos que pasaron vacaciones en San Andrés y Cartagena (…) Suboficiales y soldados no solo no fueron retirados del servicio, sino que siguen recibiendo en prisión parte del salario que normalmente devengaban y beneficios como seguir cotizando para pensión. Algunos se han pensionado. Algunos, incluso, han ascendido de rango en la cárcel (…) Varios de los condenados tienen allí sus negocios, como el teniente coronel (r) Orlando Pulido, condenado a 30 años como responsable de la masacre de La Cabuya, donde el 20 de noviembre de 1998 fueron asesinados cinco campesinos, entre ellos una mujer con siete meses de embarazo. El restaurante administrado por el exoficial se llama ‘Héroes’.(…) Las casas parecen más un campo de recreo que alojamientos de un penal. La gran mayoría tiene aire acondicionado, Internet y servicio de televisión satelital, entre otras comodidades”(Ibíd.)
 
 Fuente: ArgenPress.info - AZALEA ROBLES - 26/04/11

Etiquetado en violencia

Para estar informado de los últimos artículos, suscríbase:
Comentar este post