República Dominicana: El art.37 del Constitución no impide despenalizar el Aborto a través del Código Penal.

Publicado en por Los Derechos de las Mujeres

FA2723EC-6E67-41FA-9BAD-52A93E451935_jpg__204__154-copia-1.jpgLa interrupción voluntaria del embarazo se enmarca dentro de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, afirma el jurista Cristóbal Rodríguez a través de un estudio jurídico sobre el artículo 37 de la Constitución, que establece “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte".

 

Para Rodríguez el tema debe ser objeto de análisis jurídico-legal, tras considerar que en caso de que un embarazo ponga en peligro la vida de una mujer, la decisión sobre éste no puede venir impuesta legislativamente.

 

Esto así, dice el abogado, porque en la tradición republicana en la que se inscribe el texto constitucional dominicano, el Estado tiene un deber de neutralidad en asuntos morales.

 

“El Estado no debe imponer con carácter de obligatoriedad la opción que considera correcta, basándose en un planteamiento ético-moral y no jurídico, porque esa es una disposición que pasa por alto cuando un embarazo pone en peligro la vida de una mujer”, señala el estudio.

 

Defendió lo que ocurre en otros países en caso de embarazos que pongan en riesgo la vida de la madre, pero también si el estado de gestación fuera el resultado de una violación o incesto, así como malformaciones congénitas.

 

Destaca el contenido del artículo 5 de la carta magna que dice: “La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la Nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas”.

 

Sobre el artículo 37, considera que el mismo no impide la interrupción del embarazo sea contemplada en el Código Penal.

 

Más aún, para Rodríguez es importante el hecho de que a partir de la proclamación de la Constitución del 2010, los tratados internacionales sobre derechos humanos forman parte del “bloque de constitucionalidad”, ante lo cual el Estado dominicano obligado a adecuar su marco legislativo.

 

Agrega que la pretensión de criminalizar la suspensión del embarazo en términos absolutos equivale a considerar a la mujer como un simple instrumento reproductor y que eso contrasta con el derecho a tener control de su sexualidad, a decidir libre y responsablemente, sin estar sujeta a coerción, discriminación y violencia.

 

En sus conclusiones, Rodríguez refiere lo difícil que es para un médico decidir entre salvar la vida de una mujer o la del proyecto de vida que representa el embrión.

 

“Con una legislación tan restrictiva como la vigente y la propuesta para la reforma del Código Penal en materia de interrupción del embarazo, el país dista mucho de ponerse a la altura de los estándares internacionalmente y de las obligaciones contraídas con la firma de un conjunto de pactos y convenciones internacionales sobre derecho de la mujer, como es el caso de las Naciones Unidas”, plantea el estudio.

 

La presentación del análisis, que forma parte del proyecto “Impulsando el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”, fue coordinado por Profamilia en sociedad con el Centro de Estudio de Genero (CEG), la Sociedad de Dominicana de Obstetricia y el Núcleo de Apoyo de la Mujer.

 

Artículo publicado por: 7dias.com.do - Suanny Reynoso - Santo Domingo (Rep. Dominicana) - 26/07/12 -

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