Aborto, cuestión de todas y todos.
En este siglo, en que se habla de derechos humanos y de la necesidad de garantizar el respeto a estos, continúa entre límites la libertad de las mujeres para decidir respecto a su cuerpo.
Lo más debatido en ese sentido es el derecho al aborto, reducido en la mayoría de las ocasiones a la cuestión religiosa o a un mero capricho feminista, cuando en verdad es una cuestión de todas y todos.
La criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo favorece sobre todo a los enrolados en un negocio ilegal organizado que mueve millones de dólares por año en los países donde esta práctica es ilegal y provoca la muerte de millones de mujeres en todo el mundo.
Estas son algunas de las razones por las cuales organismos internacionales y entidades civiles relacionan la problemática con la violación del derecho de las féminas a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En los momentos finales de la vigésima centuria esta visión ganó terreno, en medio del reforzamiento de la polémica acerca del tema, tabú por la prevalencia milenaria de los dogmas alrededor de la vida y su preservación desde que es engendrada.
Contrario a lo dictado por la tradición, el aborto empezó a ser mirado desde entonces como parte de una concepción más integral de la sexualidad y la reproducción, estrechamente vinculado a la cuestión de los derechos humanos y a las condiciones de vida concretas de las mujeres.
Es a ellas a las que afecta de forma esencial la problemática, porque suele corresponderles la difícil decisión de mantener o acabar con la nueva vida que puja por crecer en sus vientres y que puede, de nacer, cambiarles de modo radical sus proyectos.
Los aires que soplaron en la etapa descorrieron cortinas y mostraron con mayor nitidez que el tema de los derechos sexuales y reproductivos es altamente político, por lo que comenzó a ser contemplado en las agendas públicas.
La carencia de servicios sanitarios acordes a las exigencias particulares de las mujeres, de información en cuanto a la planificación familiar, la penalización del aborto, entre otros aspectos, comprometen la capacidad de participación de estas en todos los órdenes de la sociedad.
Tales factores obran a favor de la proliferación de embarazos no deseados o en edades tempranas; de las interrupciones clandestinas, sin las condiciones higiénicas indispensables, y de la mortalidad materna.
Registros de la Organización Mundial de la Salud reflejan que el promedio anual de abortos en el mundo es de 35 a 37 por cada mil mujeres en edad reproductiva, vía por la cual un millón de muchachas entre 15 y 19 años interrumpen la gestación.
En América Latina y el Caribe, en particular, de los casi 18 millones de embarazos contabilizados por año, 52 por ciento no son planeados y 21 por ciento termina en aborto, pese a la estigmatización generalizada de esta práctica.
Fundaciones dedicadas a seguir la problemática coinciden en afirmar que, por esa razón, las estadísticas suelen estar por debajo de lo real y que casi 95 por ciento de las interrupciones ocurren de forma clandestina y sin seguridad para la salud de las gestantes.
Las impedimentas legales contra el derecho de determinar si continuar un embarazo o interrumpirlo provocan más de 10 mil decesos de féminas en esta región por año, 28 cada día, generalmente de bajos recursos.
Tanto en esta parte del mundo como en otras, los abortos clasifican como causa principal de muerte de embarazadas, más los datos demuestran que las decididas a someterse a ellos pocas veces renuncian a despecho de los riesgos por creerlo imprescindible en el camino hacia su realización.
Ello explica en parte la proliferación de redes y grupos sociales empeñados en despojar al aborto del estigma diabólico con que lo signaron, lograr su legitimación y conseguir otras disposiciones gubernamentales a favor de las mujeres.
Los asociados a estas agrupaciones abogan por el derecho de las féminas a determinar sobre la maternidad, a disfrutar de una sexualidad placentera y responsable, y de servicios estatales acordes con ello, lo que choca con dogmas, fundamentalismos y prácticas estatales ajenas a sus propósitos.
El influjo mantenido por las creencias y los compromisos pre-establecidos con las jerarquías por grupos políticos interesados en acceder al poder, convirtieron al aborto inducido en eje del enfrentamiento entre fuerzas conservadoras y progresistas.
Se esgrimen códigos de moralidad y argumentos en desuso, pero también la tendencia a dar marcha atrás en países en los que existían políticas pro abortistas, ante el envejecimiento de la población y el previsible caos de proporciones inimaginables en los niveles social y económico.
Sin embargo, el empuje por alcanzar la reivindicación del derecho de las féminas a determinar sobre su sexualidad y en particular, sobre su maternidad, logra resultados palpables.
Hacia 1982, el 10 por ciento de la población mundial vivía en países donde la práctica del aborto estaba prohibida en todas sus circunstancias y el 18 por ciento en los que estaba permitido sólo para salvar la vida de la mujer.
Más, durante los últimos 15 años, proliferaron leyes más abiertas en relación con la interrupción de los embarazos y hasta en algunos de fuerte raigambre católica, como España, el derecho quedó legitimado en toda su extensión.
Cosa aprendida por buena parte de la humanidad es que el aborto no es sólo un problema de ellas, sino de toda la sociedad y viabilizar la satisfacción del derecho de las mujeres a decidir respecto a su cuerpo es también garantizar el respeto a los derechos humanos.
Este es el primer espacio en el cual esos derechos se ejercen. La persona, en su dimensión física e intelectual, es una unidad indivisible y toda ella, en su diversidad, plena de dignidad y respeto.
La legitimación del aborto está emparentada con la responsabilidad social, la inequidad de género, la situación económica, la mortalidad y desolación por cuenta de interrupciones clandestinas y sin condiciones adecuadas, entre otros factores.
Muchas mujeres toman esta decisión porque es un embarazo no deseado, por falta de educación e información, por no acceder a anticonceptivos o porque fueron víctima de algún abuso.
Sea cual fuera el motivo de su determinación, ellas tienen derecho a interrumpir su embarazo en condiciones sanitarias óptimas, de forma abierta, y sin represalias, previo conocimiento de las posibles consecuencias de apelar a esta opción.
Fuente: Argenpress.info - ISABEL SOTO MAYEDO - (PL) - 03/06/11
Publicidad