Argentina: Buenos Aires: Las excluídas del Decreto 936.

Representantes de las mujeres en ejercicio de la prostitución fueron invitadas a debatir en la Universidad de Buenos Aires junto a legisladoras de la Ciudad sobre el decreto 936 que prohíbe los avisos de prostitución en los medios de comunicación. Reclamaron políticas públicas para el sector y mayor participación en los debates sociales y políticos que las involucran.

'A nosotras no nos gustaba cómo muchas chicas promocionaban los avisos de prostitución. Nosotras para el rubro 59 proponíamos un protocolo que estableciera de qué forma publicar, de tal forma de no negarles a algunas compañeras que lo hicieran. Hace rato que veníamos pidiendo una entrevista con la presidenta, pero tenemos las puertas cerradas en todos lados, lo mismo en el INADI' denunció Elena Reynaga (secretaria general de AMMAR Nacional/CTA –Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina-). Graciela Collantes (presidenta de AMMAR Capital/Asociación de Mujeres Argentinas por los DDHH, una asociación que nuclea a mujeres en ejercicio de la prostitución) manifestó por su parte estar 'de acuerdo con la presidenta en que por primera vez un gobierno sale a decir que la prostitución no es delito'.

Ambas mujeres fueron invitadas por el GES (Grupo de Estudios sobre Sexualidad de la Universidad de Buenos Aires) a debatir junto a las legisladoras por la ciudad de Buenos Aires Diana Maffia (Coalición Cívica) y Laura García Tuñón (Proyecto Sur) sobre el reciente decreto presidencial 936 que prohibió los avisos de prostitución y las políticas, o ausencia de ellas, en torno a prostitución y trata de personas. El encuentro se realizó el viernes 5 de agosto por la tarde en una pequeña aula del Instituto Gino Germani que fue completamente desbordada por la cantidad de personas que asistieron, entre ellas varias mujeres en situación de prostitución.

Sobre el decreto 936, sancionado por la presidenta justo un mes antes, el 5 de julio, la legisladora Diana Maffia también cuestionó que no hayan participado como consultadas las personas que están en prostitución. 'No se deben hacer protecciones paternalistas –advirtió- Cuando se hacen políticas integrales para un grupo de población específico es necesario que haya voces en primera persona y escuchar sus necesidades, en este caso a las trabajadoras sexuales. Al hacerse sin consulta suceden situaciones como la del diario Río Negro, que reclama que el decreto no es correcto porque la Ley de Violencia de Género no está reglamentada. Pero el Estado omitió reglamentar el articulado específico de violencia mediática porque ése era un tema que no le importaba, y de golpe ahora le importa.' Sin embargo, Maffia también advirtió sobre el estigma que deriva hacia todas las mujeres de los avisos de prostitución: 'Podemos diferenciar entre los avisos puestos por los proxenetas y los que ponen las trabajadoras sexuales, que dicen que poner avisos es una manera segura y económica de ofrecer sus servicios, pero lo cierto es que si ofrecemos el servicio sexual de manera denigrante perjudica a todas las mujeres, entonces los avisos denigrantes no representan tampoco a las trabajadoras'.

Laura García Tuñón se mostró escéptica en relación con las prohibiciones en general y cuestionó también que las mujeres en ejercicio de la prostitución no hubieran sido consultadas: 'Me parece bien ver la forma de no denigrar a las mujeres, pero si no hay denigración me parece que los avisos deberían estar mientras no se incite al delito.

También me parece que sólo tomar esta medida no es bueno. El decreto fue un ataque a los grandes diarios, a Clarín sobre todo. A mí también me da bronca Clarín porque da las noticias como se le da la gana, pero una política pública no puede atacar a los más débiles, en este caso las trabajadoras sexuales'.

Política pública

Estando el tema del decreto 936 tan vinculado tanto a la prostitución como a la trata de personas, la reforma de La Ley de Trata y las políticas públicas se hicieron rápidamente presentes en boca de las disertantes.

Graciela Collantes fue la más enfática en reclamar políticas públicas de parte del Estado para abordar la situación de las mujeres en situación de prostitución que desean dejar el oficio. Recordó la tradición abolicionista del estado argentino en materia de prostitución –oponiéndose al pedido de reglamentación de la actividad que hace Reynaga- y pidió que como parte de ese compromiso se ejecuten políticas públicas para mujeres que ya no quieren más ejercer la prostitución como la existente en el Municipio de Santa Rosa, La Pampa (ver Políticas públicas para dejar la calle). En la misma línea reclamó que se deroguen los códigos contravencionales en las provincias por los cuales, al igual que antes sucedía también en la Ciudad de Buenos Aires, las mujeres son demoradas a veces 30 ó 40 días en las comisarías.

Maffia se focalizó en la actual Ley de Trata, señalando como un aspecto positivo de la misma la federalización del delito (ya que por sus características de traslado de las mujeres es correcto que el delito sea federal), y cuestionó que las víctimas tengan que probar que no consintieron la explotación, que se considere que sólo las personas menores de 18 años pueden ser engañadas, y que no haya políticas integrales de atención a las personas que están en prostitución y a las víctimas de trata rescatadas.

García Tuñón se expresó también en una línea de ausencia del Estado, aunque reclamó –al igual que Reynaga- oportunidades 'para que las compañeras que quieran elegir ser trabajadoras sexuales lo hagan sin ser empujadas por la pobreza, y si hay personas que se dedican a esto tengan garantizada educación y salud'. El ordenamiento del ejercicio de la prostitución que reclama Reynaga –y que García Tuñón apoya- no es apoyado por AMMAR Capital ni por buena parte del feminismo porque responde a un modelo reglamentarista y, como señaló Collantes, Argentina tiene tradición abolicionista en materia de prostitución. El abolicionismo considera que todas las mujeres en situación de prostitución son víctimas de explotación, más allá de que lo hagan en forma autónoma o haya proxenetas que las exploten, y condena tanto el proxenetismo como la existencia de prostíbulos, pero no a las mujeres en ejercicio de la prostitución; para quienes reclama políticas públicas que les permitan integrarse socialmente en otros oficios.

Fuente: Argenpress.info - SANDRA CHAER - (Artemisa) - 10/08/11 -