El doble estándar de EE.UU. ante el horroroso tráfico de Mujeres de Irak hacia Siria y Jordania.
El tráfico humano crece en todo el mundo, pero ha llegado a incrementos monstruosos en Irak, debido a la inestabilidad producida por la odiosa invasión de Estados Unidos y la consiguiente guerra de casi una década. Muchas mujeres y niñas irakíes quedaron viudas o huérfanas por la muerte de sus maridos o la pérdida de sus padres precisamente por causas derivadas de esa invasión y guerra, afirma la 11ª historia de las 25 noticias más censuradas por los grandes medios de Estados Unidos rescatada por el Proyecto Censurado de una publicación de Alternet.org (del 25 de agosto 2010), que a su vez tomó el tema de la revista The Nation.
El gobierno de Estados Unidos, que es el principal causante del caos en Irak, y en otros lugares del mundo como Afganistán, con la habitual hipocresía estadounidense “reafirmó su compromiso de terminar con este flagelo”, según el informe anual “Reporte sobre Tráfico de Personas” del departamento de Estado emitido en junio 2010 y llamado “TiP Report”, por su abreviación en inglés.
Este tráfico de mujeres ha merecido escasa atención de quienes establecen las políticas estadounidenses, poseen el poder real de aliviar ese sufrimiento femenino y condenar a los países que consienten el florecimiento de ese comercio de seres humanos.
Estados Unidos tiene en sus manos la solución: puede proteger a esas mujeres vulnerables haciendo del tráfico femenino una prioridad de su política exterior para reasentar a ese grupo y dar un ejemplo, sólo aplicando mayor presión sobre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Hacer esto, finalmente, crearía una rápida y bastante eficaz opción de restablecimiento para las víctimas del tráfico en Irak y realmente ayudarlas.
La historia censurada
Detalles del tráfico de mujeres
La tasa de divorcio oficial se duplicó en Irak a partir de la invasión de Estados Unidos, particularmente en los matrimonios mixtos entre sectas sunita y chiíta y, probablemente, todavía se disimulan muchas separaciones de hecho, pero ambas situaciones convirtieron a gran cantidad de mujeres en únicas cabezas de sus hogares. La enajenación social, que trajo consigo la fractura de los sistemas tradicionales de apoyo familiar -bajo la presión del conflicto civil, la inseguridad y la soledad- impulsó a muchas mujeres a huir a Siria y Jordania, y continúan haciéndolo.
Sin embargo, las perspectivas en Siria y Jordania son tristes. Ninguno de los dos gobiernos reconoce como refugiados a los irakíes que ingresan al país, ni les concede el derecho a trabajar. En Siria otorgan visas temporales a algunos irakíes, pero las disminuyeron desde 2007, convirtiendo a la gran mayoría en inelegibles para un trabajo. En Siria y Jordania reclutan a las mujeres irakíes como bailarinas de cabaret y después las fuerzan a la prostitución, luego que sus patrones requisan sus pasaportes y las confinan en sus lugares de trabajo. Otras son secuestradas en las calles de Irak y traficadas a Siria y Jordania para trabajar en la industria de sexo.
Los autores del artículo afirman que irakíes desesperados llegan a traficar a los países vecinos a mujeres de su propia familia, algunas tan jóvenes como de 11 años, para pagar deudas o resolver conflictos. Y a otras muchachas jóvenes las venden para el matrimonio temporal islámico llamado “Muta’a”, donde la familia de la “novia” recibe una dote del marido y la “boda” es esencialmente un acuerdo de prostitución a corto plazo, por un tiempo específico.
Cuando estas mujeres arriban a los hogares de sus maridos en Jordania o Siria, a menudo se encuentran
A pesar de la clara trayectoria que convierte en prostitutas a madres e hijas irakíes, contra su voluntad, estas mujeres traficadas han recibido escasa atención de los responsables políticos norteamericanos que tienen el poder de aliviar estos sufrimientos y de condenar a los países que permiten su crecimiento.
Jordania concluyó recientemente un plan general de acción anti-tráfico, aunque el departamento de Estado confirmó que tal plan es “inadecuado” y resaltó la problemática ausencia de refugios para las víctimas del tráfico en ese país. Ni Siria ni Jordania han reconocido específicamente el problema del tráfico de mujeres iraquíes en ambos países. Tampoco han tomado medidas para proveer refugio o asistencia a estas víctimas. De hecho, en vez de encontrar refugio en Siria o Jordania, algunas prostitutas iraquíes han sido arrestadas y deportadas a Irak como criminales, donde las matan para preservar el honor de su familia.
Doble estándar de Estados Unidos ante el tráfico de mujeres irakíes
La "Ley Crisis de Refugiado en Irak" de 2008 otorgó al secretario de Estado la autoridad de catalogar a las “poblaciones vulnerables” irakíes como "refugiados P-2" que [en teoría] aplican directamente al Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos, saltando los obstáculos burocráticos típicos de empezar solicitando al ACNUR que primero determine su estatus de refugiado y entonces podría ser asignado a un país de acogida. Los refugiados en “situación P-2” sólo deben demostrar que son parte de un grupo considerado vulnerable, pero una vez que lo han hecho así [teóricamente] debería concedérseles la situación de reasentamiento.
Estados Unidos utilizó en el pasado esta condición de prioridad para ayudar a los grupos de refugiados cuya dislocación comenzó después de operaciones militares estadounidenses. El ejemplo más claro fue que Estados Unidos de América abrió sus fronteras a los “amerasians”, los niños de soldados norteamericanos que se hallaban en el sureste asiático después de la guerra de Vietnam. El Congreso autorizó al departamento de Estado a adoptar un trato similar con los refugiados irakíes, pero el departamento de Estado no ha creado ningún nuevo grupo "Irakí P-2" desde que la legislación se aprobó en 2008 y asignó la categoría P-2 a los “irakíes que trabajaron para el gobierno de Estados Unidos, para contratistas, ONGs de Estados Unidos u organizaciones mediáticas de Estados Unidos, y a los miembros de sus familias” y “religiosos perseguidos o miembros de grupos minoritarios con familiares cercanos en Estados Unidos”. Esta inacción se coloca en agudo contraste, no sólo con las severas necesidades de las víctimas irakíes de tráfico, sino también con la enorme responsabilidad de Estados Unidos en su situación.
Más allá de la solidez de su propio compromiso de asistir a las víctimas irakíes de tráfico, Estados Unidos debe alentar al ACNUR a centrarse en las víctimas de tráfico en Jordania y Siria. Nuestro trabajo con el Proyecto de Asistencia al Refugiado nos ha mostrado que actualmente el ACNUR está mal equipado para proporcionar un restablecimiento urgente a las víctimas de tráfico en situaciones amenazantes para su vida. En Siria, donde el tráfico particularmente es un severo problema, los refugiados pueden contar con una pobre ayuda monetaria y una espera de dos años antes de ser reasentados. Peor aún, identificándose a sí misma como víctima de tráfico, la mujer solamente consigue que la espera sea más larga y se añaden más pasos al proceso de reasentamiento. Para las víctimas que buscan la protección del ACNUR, este retraso significa explotación sexual adicional, si no una ocasión perdida para su restablecimiento. Estados Unidos, que en lo grueso proporciona al ACNUR la mitad de su financiación y acoge a más refugiados que cualquiera otra nación, tiene cómo influir para inclinarlo a dinamizar el proceso de reasentamiento de las víctimas de tráfico en Siria y Jordania.
Estados Unidos ahora está preparando el retiro de todas sus tropas de combate en Iraq. Sin embargo, las mujeres y niñas iraquíes atrapadas en la esclavitud sexual permanecerán largamente después que se haya ido el último de los soldados norteamericanos, a menos que estemos dispuestos a aceptar nuestra responsabilidad de aliviar este problema. Cuando la secretaria de Estado Clinton anunció que el informe “TiP Report” juzgaría ahora a Estados Unidos “basado en los mismos estándares con los cuales sostenemos a otros países”, añadió que “este abuso de derechos humanos es universal y nadie debe demandar inmunidad de su alcance o de la responsabilidad de enfrentarlo”. No podemos abdicar de nuestra responsabilidad hacia estas mujeres y debemos proporcionar medios seguros y rápidos para su restablecimiento.
Además, Estados Unidos debe asegurarse que el ACNUR corrija las ineficiencias que hacen tan difícil el reasentamiento de estas mujeres. No basta con observar pasivamente, pues estas mujeres luchan contra un proceso quebrado de rehabilitación del refugiado. Tenemos la obligación de reparar ese sistema, para quitar los grillos que mantienen a estas mujeres en la degradación.