Perú: Keiko Fujimori enfrenta dura acusación por la esterilización de miles de Mujeres peruanas.
¿Extrañabas a Luisa María Cuculiza? Una de las voces más altisonantes del fujimorismo, la Ministra de la Mujer de Alberto Fujimori (1999-2000) ha vuelto al ruedo y parece ser la encargada de defender a la candidatura de Keiko Fujimori de una de las acusaciones más serias que enfrenta en materia de derechos humanos: la de la esterilización ilegal de miles de mujeres peruanas en la segunda mitad de la década de 1990. En una entrevista reciente, la ex ministra hizo una defensa cerrada del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000). Las afirmaciones concisas y categóricas de la señora Cuculiza abren una ventana ideal para discutir uno de los modos en que el fujimorismo violó derechos fundamentales de modo masivo a la vez que manipuló los medios de comunicación y la opinión pública para ocultarlo.
En la entrevista en cuestión, el periodista Beto Ortiz preguntó a la ex ministra por las denuncias, que han recuperado cierta notoriedad durante la campaña, acerca de una campaña de esterilizaciones forzadas impulsada por Fujimori. Cuculiza respondió muy a su estilo:"A nadie en sus cuatro cabales la van a meter a una sala de operaciones a la fuerza. La persona tiene que firmar la autorización”.
Es cierto que en el marco de la sorprendentemente agresiva campaña de planificación familiar iniciada en 1996, la autorización escrita de las pacientes era indispensable según la legislación peruana. Triste consuelo. Un informe del Ministerio de Salud del Perú, basado en el análisis de mil historias clínicas en el departamento de Áncash, señala que el 89% de las ligaduras de trompas documentadas mostraron problemas graves con el Consentimiento Escrito Informado exigido por la ley. En buen romance, nueve de cada diez pacientes en la muestra explorada no dieron su autorización escrita para que se realizase una operación que les impediría, para siempre, tener hijos.
Dada la magnitud del Programa de Salud Reproductiva, cifras como las anteriores llevan a pensar en una campaña de violación de los derechos humanos sin precedentes en el Perú. El propio Ministerio de Salud del Fujimorato, encabezado por personajes como Marino Costa Bauer (actual miembro del Equipo Técnico de Keiko Fujimori) y Alejandro Aguinaga (actual congresista por la bancada naranja y médico personal del condenado Alberto Fujimori), se jactó de haber realizado 217000 ligaduras de trompas entre 1996 y 1998. A falta de investigaciones cuantitativas de mayor envergadura, los indicios numéricos son contundentes. Cada historia clínica con una autorización escrita irregular o inexistente es traza de una violación de los derechos humanos de una ciudadana peruana. Los testimonios recogidos en sesiones públicas y reservadas por una Subcomisión Investigadora Especial del Congreso de la República sugieren la existencia de una cadena de responsabilidades que se extiende desde el personal de salud de las postas y hospitales hasta el propio Alberto Fujimori y sus ministros.
La naturaleza de las pruebas permite afirmar que es probable que la mayoría de los casos en los que se cometió delitos hayan estado relacionados con problemas con el consentimiento. Por ello, aunque hubo también casos ampliamente documentados de esterilización forzada, en los que se hizo uso de coerción para ligar las trompas de mujeres (como en los casos de mujeres que eran anestesiadas contra su voluntad y luego operadas), es prudente referirse, más que a la campaña de "cientos de miles de esterilizaciones forzadas” de la que se suele hablar, a una campaña de esterilización masiva e inducida que violó los derechos de decenas de miles de mujeres peruanas.
Decenas de testimonios de víctimas han señalado el uso de engaños, publicidad falaz (como la realización de "Festivales de ligaduras” y propagandas radiales con slogans como "Amárrate para ser trome”), y presiones y chantajes (por ejemplo, se amenazaba con no atender nunca más en la posta a la familia de una mujer si no aceptaba que le ligaran las trompas) por parte de personal médico. En el marco de las reformas llevadas a cabo en el sistema de salud peruano de la década de Fujimori, la creación de mecanismos promotores de eficiencia laboral –el llamado neoliberalismo de segunda ola– se tradujo en la creación de metas y cuotas numéricas que debían ser cumplidas por los trabajadores de salud. La reforma sectorial implicó también un grado de inestabilidad laboral que infundía presión en médicos y enfermeros para cumplir con estas metas. Investigadoras como Giulia Tamayo han recogido de hospitales públicos documentos emitidos por el Ministerio de Salud que muestran de modo irrefutable la presencia de estas cuotas numéricas de pacientes que debían ser "captadas” para la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) en un lenguaje abiertamente compulsivo.
A la vez, el Programa de Salud Reproductiva se hizo con el criterio de "focalización” del gasto público, que implicaba concentrarse en los sectores considerados más pobres –no se conoce de estudios centrados en la demanda no satisfecha de métodos contraceptivos por región que hayan guiado el Programa. Como es usual en el Perú, "los pobres” eran sobre todo mujeres que no sabían leer español o lo leían a duras penas, de origen indígena o mestizo, que vivían en sectores rurales o urbano-marginales y que muy probablemente tenían poco conocimiento de las consecuencias de una intervención como la ligadura de trompas. El resultado de estos factores fue previsible y contraviene la apreciación de la dicharachera señora Cuculiza:una mujer en sus cabales sí quiere que atiendan a sus hijos en el único centro de salud al que tiene acceso y, ante la amenazas de los médicos, acepta un procedimiento cuya gravedad no necesariamente conoce: nunca más va a poder tener hijos.
Por lo demás, diversas investigaciones –como los valiosos informes (7, 25, 27 y 69) que la Defensoría del Pueblo dedicó al tema– recogen testimonios de mujeres que sí denuncian haber sido víctimas de esterilización forzada. ¿Qué pasó si no con mujeres como Mamérita Mestanza, que murió por los maltratos sufridos antes y durante la operación? ¿Qué sucede con las mujeres que declaran haber sido llevadas en portatropas, "como ganado”, al quirófano? ¿Estaban "fuera de sus cuatro cabales”?
Extracto del documental Nada Personal
Documental del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los derechos de la Mujer (Cladem) (la primera parte de extracto, muy dura, que muestra la operación)
¿Qué dice sobre estos testimonios la Cuculiza, que fue encargada, como Ministra de la Mujer, de defender los derechos que tantas mujeres denunciaron que se estaban vulnerando? Esta es su respuesta: "Eso es un decir, porque también hay testimonios de mujeres que dicen ‘¡Gracias! Porque dejé de tener hijos después de tener seis’”. ¿Será que, pese a haber sido ministra del sector competente, la reelecta parlamentaria fujimorista ignora las cifras que acabo de mencionar? ¿No sabrá que por cada mujer que agradece hay probablemente nueve que fueron esterilizadas sin consentirlo? Las mujeres que sufrieron las campañas de esterilizaciones, como muchas de las víctimas de la violencia en el Perú, han tenido acceso muy limitado a la esfera pública y en los medios de comunicación masiva. A esta falta de voz se han sumado el cinismo y la pretendida ignorancia de políticos como Cuculiza y como los funcionarios que han archivado diligentemente las denuncias acerca de ligaduras de trompas no autorizadas.
Las últimas frases que dedica Cuculiza a las esterilizaciones parecen paradójicas. En una muestra paradigmática de la vigencia de un orden tutelar católico y de su convivencia con el supuesto pragmatismo político fujimorista, la congresista pidió disculpas a "su señor monseñor Cipriani” para alardear acerca de los derechos de las mujeres peruanas a elegir métodos anticonceptivos. En realidad, esa retórica disfrazada de progresismo fue un elemento central de la manipulación mediática con la que el gobierno de Fujimori complementó su campaña de esterilizaciones. En lo que duró el Programa de Salud Reproductiva, el fujimorismo se empeñó en un enfrentamiento poco usual con una jerarquía eclesiástica peruana y con unos sectores conservadores que, ciertamente, se mostraban como cada vez más retrógrados. Fujimori llegó a llamar a los obispos "vacas sagradas” y a calificar a la Iglesia católica como una "institución medieval”. De tal modo, mientras las violaciones de derechos humanos se multiplicaban en el país, lejos del escrutinio de las instituciones que podrían haberlas detenido, el gobierno de Fujimori se posicionaba como progresista y ganaba simpatías que, en la práctica, servían para alejarlo de cualquier clase de fiscalización que fuese más allá de los reproches ultraconservadores.
Las declaraciones de la señora Cuculiza, por lo tanto, no caen del cielo. Cada fragmento de su supuesta espontaneidad y de su alegado pragmatismo esconde un elemento típico del proceder político del fujimorismo en el poder. Ahí están pues las violaciones de los derechos humanos, el cinismo y la manipulación de la esfera pública y mediática.
Sin importar cual sea el resultado de la segunda vuelta electoral, los peruanos tenemos algo seguro: tendremos a Cuculiza y a sus secretos a voces rondando el Congreso y redactando las leyes que habrán de ordenar nuestra existencia por los próximos cinco años.
Fuente: Antiprensa - antiprensa.pe - Publicado por ADITAL - ADRIAN LERNER * Historiador especializado en Historia Moderna y Contemporánea, y en Historia de la Ciencia . - Pontificia Universidad Católica de Perú. - 20/05/11