Estados Unidos: Debe detenerse la agresión sexual a mujeres en el ejército.

Cada año se producen aproximadamente 19.000 agresiones sexuales en el ejército de EE. UU.; Ruth Moore, a la edad de 18 años, sobrevivió a dos. Ruth se enroló en la Marina estadounidense durante el último curso de instituto para buscar una vida mejor. Su familia no podía costearle la universidad y el ejército era su mejor oportunidad de conseguir un título universitario. En 1987, tras el campamento de entrenamiento y la formación militar, Ruth fue destinada a las Azores. Cuando no habían transcurrido ni tres meses de su llegada, su supervisor directo la violó y le transmitió una enfermedad venérea. Ruth denunció esta violación al capellán, cuya función es proporcionar asesoramiento y asistencia. Que ella sepa, su violador nunca ha sido investigado. La única respuesta a su protesta fue la represalia: Ruth fue violada por segunda vez por su supervisor.

Sin posibilidad de obtener ayuda, Ruth cayó en la depresión e intentó suicidarse. Tras sobrevivir a este intento de suicidio, volvió a acudir al capellán en busca de ayuda. Fue enviada de vuelta a EE. UU. a una unidad psiquiátrica, donde erróneamente le diagnosticaron trastorno límite de la personalidad, que era un diagnóstico muy común de las víctimas de agresión sexual en el ejército en aquella época. Fue dada de baja de la Marina. Para el ejército era más fácil librarse de ella que admitir que había sido violada. El violador de Ruth nunca ha sido acusado ni castigado. Como consecuencia de sus agresiones sexuales, Ruth sufrió trastorno por estrés postraumático, como ataques de pánico, migrañas e insomnio. Solicitó en múltiples ocasiones una prestación por enfermedad al Departamento de Asuntos de Veteranos, pero le fue denegada. Le comunicaron que no podía obtener ninguna prestación porque no presentó pruebas suficientes para demostrar que había sido violada, pero continuó cuestionando esta afirmación y luchó por sus derechos. Finalmente, en 2010, más de 20 años después de su agresión, el Departamento de Asuntos de Veteranos reconoció que había sido violada y pudo acceder a una prestación por enfermedad. Ruth es actualmente una activa defensora de los derechos de muchas víctimas de agresiones sexuales en el ejército.

Las mujeres constituyen una parte integrante y dinámica del ejército de EE. UU. y han servido a su país desde la Guerra de Independencia. Las mujeres representan más del 14% de las Fuerzas Armadas de EE. UU. y más de 280.000 mujeres estadounidenses han servido en Irak y Afganistán. A pesar de su contribución y sacrificios, el ejército estadounidense continúa representando un entorno hostil para las mujeres. Las agresiones sexuales y el acoso sexual en el ejército se ven espoleados por la amplia discriminación sexual que existe en el ejército de EE. UU. y exacerbados por políticas y prácticas que culpan a las víctimas, no les permiten acceder a recursos civiles a disposición de civiles estadounidenses y no responsabilizan a los autores de los delitos. Por ejemplo, los estudios muestran que los hombres militares son más propensos a tener actitudes basadas en estereotipos sexuales tradicionales y creer en mitos sobre la violación, como que las mujeres “se lo buscan”, que un grupo equiparable de hombres civiles. En las unidades militares donde el acoso sexual se tolera o se inicia por parte de oficiales superiores, los incidentes de violación se triplican o cuadriplican.

Las mujeres militares violadas por sus compañeros rara vez obtienen justicia o los servicios que necesitan para su recuperación. Aproximadamente 1 de cada 100 agresiones sexuales producidas en el ejército acaban con una condena para el autor del delito. Ello se debe a la multitud de obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violación en su búsqueda de justicia: denuncia del delito, sometimiento a una minuciosa investigación imparcial y la correspondiente acusación y castigo de su asaltante.

En vez de a una parte independiente, la investigación de las denuncias por agresión sexual se encarga a un oficial dentro de la cadena de mando de los autores de la misma y, además, se lleva a cabo con gran opacidad. Esta opacidad provoca la aparición de conflictos de intereses y abuso de poder, especialmente debido a que la víctima y el autor pueden estar bajo las órdenes del mismo oficial. Los comandantes tienen incentivos para quitar importancia o encubrir las agresiones que se producen dentro de su cadena de mando, ya que estos delitos dan una mala imagen de la unidad. Las víctimas deben obtener justicia mediante el sistema judicial militar. A diferencia de las víctimas civiles, no pueden demandar a su empleador, el ejército de EE. UU., mediante un procedimiento civil por no protegerlas de agresión o acoso sexual.

La falta de protección a las mujeres militares frente a agresiones sexuales durante su estancia en el ejército y la negación de justicia y servicios infringen las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que exige a los Estados proteger los derechos humanos fundamentales que suelen violarse en estos casos, tales como la igual protección de la ley, el derecho a no sufrir discriminación (incluida la violencia de género) y el derecho a disponer de un recurso efectivo. En su informe de junio de 2011 la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres destacó “los frecuentes incidentes de violación, agresión sexual y acoso sexual” en el ejército de EE. UU. e hizo un llamamiento a Estados Unidos para que “garantice la implementación efectiva de una política de no tolerancia respecto a la violación... en el ejército [y] se asegure de realizar una investigación adecuada de todas las alegaciones por parte de una autoridad independiente”.

Service Women’s Action Network (SWAN) lucha activamente contra la impunidad de las agresiones sexuales en el ejército y trabaja para abordar las necesidades de las víctimas como Ruth, para que otras personas no tengan que esperar más de 20 años para obtener la ayuda que necesitan. En vista de que años de vistas ante el Congreso, grupos de trabajo e informes no han logrado un cambio discernible, es obvio que deben adoptarse acciones más enérgicas para prevenir mejor las agresiones sexuales y permitir que las víctimas accedan a la justicia y a los servicios necesarios.

Publicado por: IGUALDAD YÁ -  02/10/12 -